La regulación sectorial tiene como finalidad garantizar que millones de ciudadanos reciban servicios de calidad, que se respeten sus derechos como usuarios, que exista información transparente y que se fomenten las condiciones de competencia efectiva.

El OSIPTEL reafirma su pleno compromiso con la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, mandato que constituye uno de los ejes centrales de su actuación institucional.

En ese marco, el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionadora no constituye un fin en sí mismo, sino corregir conductas persistentes que puedan afectar el bienestar de los usuarios o el adecuado funcionamiento del mercado, como consecuencia de fallas, errores, descuidos, retrasos, etc. en la prestación de los servicios cometidos y de plena responsabilidad de las empresas debido a problemas en la operación y mantenimiento de sus redes y sus sistemas comerciales, y eventualmente, a causas de fuerza mayor. Todos estos hallazgos son tenidos en cuenta y valorados en los respectivos procesos administrativos en el marco del debido proceso, pero que en muchos casos lamentablemente persisten, a pesar de haber agotado infructuosamente, en la mayoría de los casos, las opciones de remediación sugeridas.

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